Planes Federales y Justicia Social
La educación en este siglo XXI, debe abocarse a la tarea de formación de ciudadanos políticos situados en una comunidad o territorio determinado por su historia, con valores morales, sociales y habilidades intelectuales propias que constituyen sus capacidades.
De esta forma, se podrá reconstruir los cimientos de Nación Argentina socavados por los procesos de globalización, puesto que toda Nación, lejos de ser una estructura inmutable, es el producto del acervo cultural y espiritual de los pueblos, por ello, el concepto de comunidad y el rol de la familia e instituciones sociales, conjuntamente con las instituciones comunitarias educativas deberán, indefectiblemente, trabajar de forma mancomunada para lograr los objetivos planteados y formar al ciudadano argentino con plena conciencia de su linaje, auténtica visión de los grandes destinos de la nacionalidad y una ferviente voluntad histórica para servir a su patria y a la humanidad, tal como lo estableció el decreto peronista 26.944 de 1947.
En este sentido el sistema Comunitario-educativo que proyectamos se establece COMO UN ÚNICO PROCESO de formación general de 15 años de duración, es decir desde los 3 años de edad, la persona ingresa al sistema comunitario-educativo hasta su culminación, bajo una estructura generalista, dividida en tres niveles: A) Inicial, B) primario C) Secundario.-
Proyectamos una Ley Federal de Educación que contemple una formación básica de 20 materias establecidas a partir de cursos correlativos, con núcleos de intensificación en determinadas áreas, dependiendo de las edades propias del grado, y la elección de orientación en los dos últimos años de formación. Es decir, los 15 años de educación serán determinados por las siguientes 20 materias: 1. Expresión oral y escrita; 2. literatura; 3. Música, canto y danzas; 4. Programación; 5. Idioma extranjero a elección del estudiante.- 6. Geopolítica; 7. Filosofía; 8. Historia; 9. Geografía; 10. Educación para la salud con eje en la alimentación; 11. Estado, política y comunidad; 12. Derecho y Justicia Social; 13. Contabilidad y Economía social; 14. Calculo; 15. Algebra; 16. Física; 17. Química; 18. Biología; 19. Psicología y 20. Deportes.
De esta forma, se promueve que el alumno, en los dos últimos años, previo al ingreso al mercado laboral, podrá intensificar, de conformidad con su elección, sus conocimientos en siete áreas técnicas o disciplinas fundamentales para el desarrollo de la Nación, las cuales serán: 1) Ciencias Médicas y psicología; 2) Ciencias exactas y de la computación; 3) Diseño, Arte y tecnología conveniente; 4) Gobierno y Defensa Nacional; 5) Ciencias Jurídicas y Economía; 6) Pedagogía y educación; 7) Industria; (Esta última sin perjuicio del colegio técnico que deberá expandirse en virtud de las necesidades del proceso de industrialización nacional e instruir al alumno tanto en la institución educativa como en las empresas del Estado o Pymes asociadas).-
Por último, resta aclarar, que el proyecto contempla, para la educación superior Universitaria, aumentar paulatinamente el número de graduados (actualmente es de 28 cada 100 mil habitantes) y fomentar la educación técnica y las ingenierías. Para ello tendremos que contemplar la creación de carreras necesarias para el desarrollo tecnológico nacional, como ingeniería en: Telecomunicaciones, Transporte, Energía, Materiales y Bioingeniería.-
La salud en este siglo XXI, debe planificarse desde la centralidad del Estado Nacional en el marco de un Plan de Salud Comunitario Preventivo (PSCP), concepto que denota una estrategia protectora en materia sanitaria, cuya finalidad es la detección a tiempo de potenciales afecciones y la aplicación de políticas públicas que eliminen las probables causas de enfermedades comunitarias. De esta forma, se abandona la idea de salud tradicional, comercial y únicamente paliativa, y se avanza hacia una concepción sanitaria que se centra en abordar el estudio de la salud a partir de las múltiples dimensiones que la determinan, tanto desde un análisis de los determinantes sociales que surgen del entorno físico, económico, cultural y mental de la propia comunidad en la cual habita el individuo, hasta las particularidades genéticas e históricas de su entorno familiar.
En relación al modelo de diagnóstico preventivo de la salud a nivel comunitario, se propone como eje de trabajo, la dirección política por parte de las/os Trabajadoras/os Sociales, de un equipo interdisciplinario compuesto por un (1) enfermero, (1) gestor ambiental, (1) psicólogo, (1) nutricionista y (1) auxiliar estudiante en último año de trabajo social, a fin de que, tal como lo determina la Ley 27.027, se elaboren informes sociales, socioeconómicos, sociosanitarios y socioambientales, a partir del estudio de aquellos determinantes sociales de la salud que tienden a repercutir en la calidad de vida comunitaria y la esperanza de vida promedio. Estos indicadores de los determinantes sociales, de acuerdo con nuestros estudios, se dividen en tres grandes grupos: La infraestructura comunitaria y familiar (acceso a agua potable, sistema de cloacas, estado de vivienda de las familias, alumbrado, gas natural o garrafa y nivel de hacinamiento); la alimentación comunitaria (grado de obesidad comunitaria, grado de desnutrición infantil o adulta, acceso a alimentos, costo y calidad de los mismos) y por último el acceso a un trabajo formal y a las instituciones del Estado que garanticen derechos (desempleo, acceso a la salud, acceso a la justicia, acceso a la educación).
En relación al modelo de diagnóstico preventivo de la salud a nivel particular y familiar, se propone como eje, el ejercicio profesional del Médico de Familia, a fin de que, tal como lo determina la Ley 26.526, se informe a cada conjunto familiar e individuo en particular, sobre su estado de salud general, y los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle, garantizando un diagnóstico certero y en tal caso, un traslado correcto al sistema sanitario de tratamiento, cuidado y recuperación. En este sentido, proyectamos un modelo de salud preventiva a través de Salas de Atención Primaria (SAPs), dentro de las cuales destinaremos 1 médico de familia cada 400 personas, en 37 salas de atención primaria cada 365mil habitantes. De esta forma, las familias argentinas tendrán asistencia médica periódica por parte del profesional asignado, para la realización de exámenes técnicos preventivos que abarcan desde, medidas antropométricas de cada individuo familiar (peso, altura, agudeza visual, presión arterial), exámenes de laboratorio y un perfil psicológico, hasta estudios genéticos, pudiendo inclusive, en los casos estrictamente necesarios, efectuar exámenes celulares a través de la medicina nuclear.
Por último, resta agregar, que el Plan de Salud Comunitario Preventivo (PSCP) proyectado, tiende a la centralización de las historias clínicas de la sociedad argentina, que serán unificadas en todas las instituciones de la salud pública estatal, las cuales con consentimiento de cada paciente y con los informes sanitarios comunitarios de los equipos interdisciplinarios comandados por el/la trabajador/a social, se logrará la concentración de la información sanitaria necesaria para la elaboración de mapas epidemiológicos regionales, situación que consolidaría un estado de salud preventiva integral.
El buen vivir del pueblo y nuestro proyecto de sustentabilidad material se encuentra amenazado, no solo por la ausencia de una planificación industrial centralizada de la Argentina, cuya consecuencia es la actual situación de pobreza que alcanza al 42%, con 11% de desocupados, 15% de subocupados y 34% de trabajo en negro, sino también por el creciente desequilibrio demográfico y el progresivo déficit habitacional que en Argentina alcanza a 3.800.000 de viviendas (Fuente Conicet Sep.2020).
Teniendo en cuenta que nuestra población se estima en algo más de 45,8 millones de habitantes, el resultado es que un tercio de las familias argentinas no cuenta con vivienda propia y segura.
En cuanto al desequilibrio demográfico, la Argentina concentra la mitad de su población total en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, mientras que en la Patagonia – un tercio del territorio argentino en continente americano- , reside menos del 5%. Particularmente, en la Provincia de Buenos Aires – región más poblada- las proporciones son similares: alrededor de 650.000 familias requieren urgentemente de una unidad habitacional; y otras 600 mil necesitan mejoramiento y ampliación de las mismas. Por dar un ejemplo, en el partido de General Pueyrredón – cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata -, 10.500 familias carecen de vivienda propia y viven en condiciones de hacinamiento.
Ante la citada situación de desigualdad y desequilibrio demográfico, MLN propone al pueblo argentino la puesta en marcha del Plan Federal Comunitario. En él se establecen las bases para el repoblamiento del territorio nacional a fin de promover el crecimiento armónico de la Nación, equilibrando el desigual desarrollo de las provincias y regiones a partir de la planificación y ejecución de políticas de industrialización centralizada, de conformidad con lo estipulado en el proyecto de ley de ELMA XXI C.E., donde las distancias a cubrir se ejecutarán mediante redes ferroviarias, de una unidad territorial a otra, distancia que debiera apenas superar los 360 km lineales desde las principales estaciones o playas de transferencia logística. Esto permitirá un abastecimiento barato, rápido y de alta escala a fin de abastecer al conjunto de las comunidades; las cuales, han sido planificadas con los establecimientos necesarios en materia de salud, educación, energía, salubridad, comunicaciones y seguridad.
Al respecto proyectamos la creación máxima de 124 unidades territoriales con un mínimo de 365 mil habitantes, y 22.000 km2 de superficie promedio, es decir, un territorio similar a Tierra del Fuego pero con más del doble de su población. En este sentido, las llamadas unidades o comunidades territoriales deberán llevar a cabo un proceso de construcción y desarrollo interno en torno a la actividad económica estratégica e industrial de las industrias del Estado, tal el caso de Cutral Co, fundada en el año 1933, que junto a Plaza Huincul crecieron en función de YPF, llegando en 1947 a tener una población cercana a Neuquén Capital. Situación similar sucedió con el territorio de producción industrial siderúrgica en las ciudades de San Nicolás y Ramallo y particularmente el barrio SOMISA, corredor que desde 1960 hasta 1990 creció su población un 230%, a una tasa del doble de la población nacional en el mismo período. Otro caso ha sido la ciudad de Sierra Grande, en Río Negro, que en 1970 contaba con apenas 400 habitantes, año en que se crea HIPASAM, formada por la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco Nacional de Desarrollo y la Provincia de Río Negro. La ciudad tuvo aumento considerable de su población, llegando en 1980 a 9600 habitantes y hasta su privatización en 1991 llegó a 11200 habitantes, luego disminuyó a 7000 habitantes.
De esta forma, la constructora estatal de vivienda y obra pública, debe afrontar el déficit crónico en un plan a ocho años proyectando la construcción de 557mil viviendas, contemplando las necesidades de salud, higiene e infraestructura, adoptando como modelo la ciudad jardín, de casas bajas de mínimo 60mts2 de 9200horas de trabajo humano o la edificación en monoblock de poca altura y espaciados, ejemplos que ha dejado el gobierno de Perón.
El PLAN NACIONAL DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y MERCADOS NACIONALES deberá constituirse bajo la estrategia por el control de la logística, a fin de garantizar el ejercicio de nuestra reserva de carga interior en un adecuado sistema de distribución y abastecimiento de bienes, tales como: alimentos, medicamentos, vestimenta, materiales para la construcción, artículos para el hogar y todo bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.
El proyecto de abastecimiento de bienes contempla la creación de 12 centros de transferencia primarios, ubicados en terminales portuarias o terminales construidas para tales efectos, con un movimiento de 30 mil toneladas diarias, abastecidas por 2800 camiones de 24 Tn y 32 Tn de carga por cada estación. Asimismo, se promueve la construcción de 117 mercados centrales, como estaciones secundarias, análogos al Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, con un movimiento de 2 mil toneladas diarias, abastecidas por 133 camiones de 12 Tn de carga cada uno, por estación. Por último será necesario para el abastecimiento del circuito minorista, la creación de 583 estaciones terciarias, con capacidad de almacenamiento similar a todo mercado mayorista, contemplando un movimiento diario de 500 Tn diarias y 32 camiones de 7 Tn de carga para su abastecimiento por mercado.
En relación con el proyecto de distribución de bienes se contempla la división por regiones para garantizar el suministro o aprovisionamiento de mercadería por cada centro primario, siendo que, en la región Patagónica (28,31% de la superficie) se deberá construir 4 centros primarios. En las regiones Cuyo (16.5% de la superficie) y Noroeste (11,86% de la superficie) un total de 3 centros primarios y por último, en las regiones Pampeana (17,02% de la superficie) y Noreste (26,31% de la superficie) se prevé la instalación de un total de cinco centros primarios, contemplado un amplio rango de mercados centrales por habitantes por región, con un promedio de 17 mercados centrales y 55 mercados mayoristas por cada centro primario y un (1) Mercado Central cada 365 mil habitantes. Para el caso de la región Pampeana, con aproximadamente el 55% de la población nacional, se prevé por cada centro primario, 50 mercados centrales y 250 mayoristas, caso contrario a la región Patagónica, en donde viven cerca del 5% de la población, en la cual se prevé la instalación de 7 mercados centrales y 33 mayoristas.
Con relación al plano de prestación de servicios y comercialización, se contempla que, en el marco del sistema de Mercados Centrales, se habiliten sectores para oficinas de trámites públicos y correo, centros de atención primaria de la salud y despacho de combustibles. En el caso de la comercialización de bebidas, almacén, panadería, lácteos, carnes, verdulería, frutería, medicamentos, artículos de limpieza, perfumería, indumentaria, calzado, textiles, electrónicos, artículos para el hogar y materiales para la construcción, entre otros bienes, se establece como fin primordial la expansión de la oferta a fin de garantizar el ingreso al circuito comercial masivo a pequeñas y medianas empresas que hoy producen este tipo de bienes, pero carecen de la certificación y logística suficiente para lograr poder comercial masivo, e inclusive la posibilidad de establecer un registro de “Pequeños Almacenes” para regular su adhesión al sistema minorista de MERCADOS NACIONALES.
Por último, en cuanto a la incorporación al sistema DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y MERCADOS NACIONALES de aquellos centros de compra privados denominados “Supermercados y autoservicios mayoristas”, que en la actualidad presentan una facturación cercana a los 8 mil millones de dólares anuales, será importante celebrar los acuerdos correspondientes con las cámaras que nuclean a estas empresas privadas, y garantizar las pautas de comercialización respecto del volumen de oferta, calidad de la mercadería y precios unificados.