Bases para el proyecto nacional

Los 10,5 millones de kilómetros cuadrados que comprenden el territorio argentino se han convertido en el vientre cautivo de la extracción de materias primas para la producción de alimentos, recursos minerales y energéticos. Las riquezas de sus suelos y sus aguas conforman el primer eslabón de las cadenas de valor internacional, ante las cuales el pueblo argentino oficia de mero espectador.

Las exportaciones e importaciones argentinas están controladas, diseñadas y administradas por las potencias industriales extranjeras. Misma suerte corre la logística de transporte para la comercialización a nivel interno y externo. De las aproximadamente 100 millones de toneladas de productos agropecuarios exportados por el país cada año, el Estado argentino no posee el control de su producción, explotación y captura. Por ende, no lleva adelante políticas de planificación, previsión y manejo de los recursos; como tampoco determina acciones convenientes, sustentables y eficientes en cuanto a las actividades productivas que se desarrollan en su territorio.

Los mercados internacionales, los países que los conducen políticamente y las empresas que los dominan, determinan, planifican e implementan sobre nuestros mares, ríos, campos y montañas racionalidades productivas que comprenden: un horizonte de rendimiento en toneladas; un lapso temporal de explotación; un paquete tecnológico acorde a esos parámetros; equipos y maquinarias que obedecen a tales fines; y mano de obra necesaria en número y calificación. Todos estos factores confluyen en la organización foránea de nuestro territorio, de nuestro sistema productivo y del trabajo argentino.

Así, es primordial y urgente que Argentina recupere el control de su comercio exterior mediante la nacionalización del mismo. Desplazar a los agentes internacionales que niegan y obstaculizan nuestro desarrollo soberano, independiente y justo, no implicará solamente la fijación de precios de intercambio. Sino que además se establecerán los términos y los actores con los cuales se deberá comerciar.

Para ello impulsaremos la creación del Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio del Siglo XXI Corporación del Estado (IAPI XXI C.E.). A semejanza del creado en 1946, y desarticulado luego del Golpe de Estado de 1955, IAPI XXI C.E. estatizará de forma planificada y definida nuestro comercio exterior de bienes fundamentales y estratégicos. Al desplazar a las multinacionales exportadoras y al apropiarse de la renta que se obtenga por el intercambio comercial, Argentina podrá financiar su desarrollo autónomo, adquiriendo los bienes de capital necesarios y convenientes para el reimpulso de nuestras industrias siderúrgicas y metal-mecánicas; como así también los complejos industriales de las cadenas de valor farmacéuticas, de minerales y combustibles, y la producción industrial de alimentos.

Además de centralizar el comercio exterior de granos y oleaginosas, IAPI XXI C.E., controlará las Empresas Argentinas Sociedades del Estado que se crearán a los fines de prestar los servicios de depósito y acopio, abastecimiento, distribución, industrialización y comercialización de productos de origen animal, vegetal, alimentos, bebidas, y productos forestales, minerales y combustibles.

IAPI XXI C.E. garantizará los precios sostenes al productor; cómo así también ejercerá la coordinación de la planificación productiva y territorial que emane del Poder Ejecutivo Nacional; siendo parte del conjunto de políticas de coordinación de alcance al productor de la asistencia técnica, tecnológica y financiera en conjunto con INTA, INTI y la banca estatal.

La acción de IAPI XXI C.E., en conjunto con la nacionalización y desarrollo de nuestro vector logístico multimodal y el establecimientos de Mercados Centrales Regionales de control estatal, no sólo recuperará soberanía comercial para el pueblo argentino, también motorizará un aluvión de puestos de trabajo y hará de Argentina una tierra digna para ser vivida y disfrutada por las actuales y futuras generaciones.

Cuando hablamos de empresas de propiedad estatal, hacemos referencia a las Sociedades y Corporaciones de dominio público (Leyes 20.705 y 20.558), las cuales tienen como finalidad el bienestar de la población argentina. Encontramos en nuestra historia que aquellos que amaron la Patria y la defendieron, recurrieron siempre a la misma herramienta: Las Empresas del Estado de producción de bienes y servicios públicos. Esa fue la respuesta de San Martín, al crear las Fabricaciones Militares en Mendoza; la propuesta de Moreno, al crear la Fábrica de pólvora y municiones; la acción de Rosas con la Ley de Aduanas y la defensa bélica del mercado interno en la Vuelta de Obligado; la política de Yrigoyen al crear la mayor empresa estatal, nada menos que de petróleo (¡la primera en el mundo!), nuestra amada YPF; y luego de Perón, con la creación de más de 300 empresas del Estado.

De esta forma, el Estado Empresario como punta de lanza y herramienta a través de la cual contrarrestar el salvajismo del capital multinacional privado, se constituye como un eje rector de la economía para el desarrollo industrial de la nación. Por eso, resulta indispensable rescatar de los anales prohibidos de la historia, todos los antecedentes de esta poderosa herramienta político-económica que ha tenido su salto cualitativo a través de la actualización doctrinaria; plasmada y sintetizada en la poderosa ley de Corporaciones del Estado (20558/73) como plexo jurídico para la Liberación Nacional, y temible arma conceptual que empuñada en manos del pueblo, de un gobierno realmente popular, le hace temblar la pera a las multinacionales, a las embajadas y hasta al propio Pentágono Norteamericano.

La Corporación del Estado es un ente autárquico regulado por el derecho público, en lo que respecta a la administración de las empresas de producción estatal que actúan bajo su órbita empresarial y regulado por el derecho privado, al posibilitarse su ingreso en los mercados efectuando convenios regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación.

El legado de Perón: el concepto de Corporación del Estado, nace en los primeros años de la década del ́40 con la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1941, Juan Domingo Perón, toma y amplifica el modelo de planificación Estatal centralizada de la producción y en 1950 crea, mediante decreto 17.371, la Empresa Nacional de Energía (ENDE) que conducía el plano estratégico de la energía coordinando de manera centralizada la gestión de YPF, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Combustibles Sólidos Minerales y Combustibles Vegetales y Derivados. En el año 1952, se creó las “Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado” (IAME), que resultó ser en la práctica una Corporación del Estado, en la cual actuaban bajo su órbita más de diez fábricas de: aviones; motores de aviones y a reacción; de Instrumentos y Equipos; de Paracaídas; de Hélices y Accesorios; de Máquinas y Herramientas en el área Aeronáutica y de Automóviles; de Tractores; de Motocicletas; y de Automóviles. En ese mismo año (1952) se creó la Empresa Nacional de Transporte, bajo su órbita actuaba la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU) - Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF). En 1953, se crea la empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE S.E.) mediante Decreto 10.627/53, a través de la cual actuaba el Astillero Río Santiago y la fábrica de Azul (pólvora).

En conclusión, en el planteado modelo de organización empresarial, las empresas del Estado no funcionan de manera aislada, sino de forma coordinada por el Poder Ejecutivo Nacional, donde La Corporación del Estado es capaz de controlar toda la cadena de valor productiva en la cual está abocada, y a su vez asociarse con pares de los países hermanos latinoamericanos. Por eso es tan importante conocer esta herramienta política en este siglo 21, como instrumento de cualquier proyecto de liberación nacional que se proponga realmente vencer.

Asegurar la implementación del Plan de Industrialización Nacional, requerirá orientar el desarrollo minero argentino, mediante un Programa de Explotación Minera conducido desde el Estado, hacia los procesos productivos del mercado interno que garanticen un crecimiento en la escala industrial de la Argentina a fin de abastecer al Plan de Defensa Nacional y crear fuentes de trabajo. Bajo esta perspectiva, el ejercicio soberano del Plan de Gobierno, en torno al Programa de Explotación Minera, estará compuesto de tres materias fundamentales: la Jurisdiccional; la Productiva y la Financiera.

En materia de jurisdiccional debemos ir hacia un nuevo “Acuerdo Federal Minero” que reemplace al regulado por la Ley 24.228, y que contemple un plan productivo integral de nuestras provincias, el cual debe incorporar: el desarrollo logístico ferroviario y vial que integre la región andina; el establecimiento de un canon unificado del valor de boca de mina por las características del yacimiento; y a través del Ministerio de Defensa mediante el CITEDEF, ejercer como órgano clasificador que certifique y habilite los procesos productivos de los minerales estratégicos. Es decir, aquellos de necesidad imprescindible para la defensa y el Plan Industrialización Nacional; y también los minerales críticos, que son aquellos metales o aleaciones y combinaciones que por su escasez y reserva nacional, se prohíbe su exportación o comercialización interna a empresas que no sean del Estado Nacional.

Bajo este escenario planteado, se observa la necesidad de retornar al plan SAVIO establecido por ley 12.987 y la Ley 12.709 que determina la prohibición de la exportación de determinados metales como: el hierro, acero, cobre, aluminio, antimonio, cinc, cromo, níquel, bronce y latón; a los cuales habría que adicionar la prohibición de exportación del litio, uranio, y las tierras raras.

En materia productiva, la institución encargada de la exploración y explotación de los yacimientos clasificados como estratégicos y críticos, debe centralizarse a partir de la creación de la empresa YACIMIENTOS MINEROS ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (YMA S.E.) bajo la órbita de la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES, como establecimiento industrial del Estado Nacional, la cual se deberá regirse por la Ley 20.705/74 y la Ley 12.709. Deberá tener por objeto la prospección, exploración, descubrimiento, adquisición, operación y administración de explotación de minas y yacimientos minerales. Cabe aclarar, que para llevar a cabo la labor de explotación minera, debemos contemplar el desarrollo de una tecnología conveniente diseñada por CITEDEF; es decir, el empleo de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos que contemplen: la protección de la salud y el trabajo de la comunidad; la conservación de la vida y las riquezas de la Nación; que vele por las capacidades nacionales en relación con la experiencia y potencial industrial que poseen los trabajadores argentinos. Razones por las cuales será necesario retornar al modelo de explotación de minería a socavón o subterránea, y sólo en los casos de desarrollo minero en superficie del terreno - como el caso de tierras raras o molibdeno-, se utilizará el proceso de cielo abierto a baja escala.

Por último, en materia financiera, el respaldo metálico del peso argentino es un modo simple de salir de la dolarización de la economía que muchos señalan pero pocos resuelven. El oro y la plata de Santa Cruz se acumulan en Suiza y retornan como dólares y deuda externa. Por tanto, el camino a seguir para proteger el patrimonio y los intereses estratégicos de la Nación, será la implementación de un programa de acopio de recursos naturales con el fin de preservar el valor de la moneda, con un encaje en reservas físicas a través del IAPI XXI C.E, mediante un banco de recursos minerales, hidrocarburíferos, de granos, cereales y semillas.

Argentina produce 480 mil barriles de petróleo por día, equivalente a U$12.000 millones/año; exporta 630 ton/año de metales que implican U$3.000 millones anuales. Además el complejo agropecuario, liderado por el maíz, la soja, el trigo y el girasol, exporta más de 100 millones de toneladas anuales con una facturación apenas superior a U$30.000 millones.

Las cifras son elocuentes. Sólo se debe implementar la política adecuada desde la conducción desde el Estado Empresario, y otorgar un fuerte respaldo al proyecto de industrialización y planificación presupuestaria.

Los microprocesadores o microchips son un bien estratégico para las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales han sido determinadas en la Ley 27.078 como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promoviendo al Estado Nacional como responsable de procurar la accesibilidad y asequibilidad de estas tecnologías para el pueblo argentino. Televisores, computadoras y celulares, sistemas electrónicos para automóviles, satélites o radares, trabajan bajo las órdenes de un microprocesador o circuito integrado, el cual logra coordinar cada una de las funciones que desarrollan todas las estructura electrónicas; por eso es denominado el “cerebro del sistema” y su costo gira entre un 20% a 30% del monto total de un equipo o sistema electrónico.

Su proceso productivo surge de la arena silícea, especialmente del cuarzo, el cual es purificado a Silicio de Calidad Electrónica. La Argentina posee grandes reservas de este mineral de cuarzo en las arenas de Entre Ríos y Chubut, donde se procesan 200 mil toneladas por año y se proveen a la industria de hidrocarburos, en el yacimiento Vaca Muerta, con una facturación de 200 dólares la tonelada. Con este material monocristalino se fabrican obleas de silicio a las cuales se les dibuja el diseño industrial de circuitos integrados de transistores mediante litografía óptica de láser UV extrema, desarrollando ciclos de impresión de patrones del sistema de transistores hasta completar los ciclos de transferencia.

Hoy solo dos naciones poseen la capacidad productiva de fabricación de maquinarias de sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV), cuyo costo ronda los 120 millones de euros, Holanda a través de la empresa ASML y Alemania, quienes, bajo el sistema de la OTAN, blindaron el acceso de esta tecnología y su comercialización a China. La Argentina a través del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) de la CNEA ha impulsado, desde 2008, la construcción de una máquina semiautomática para procesamiento de fotolitografía con sistemas especiales y adecuados para área limpia, tal el caso de los microprocesadores.

Respecto del último proceso de producción del microchip, “implantación de iones” o dopaje, donde la oblea de silicio requiere ser bombardeada con iones para cambiar las propiedades eléctricas y que el sistema logre conducir la electricidad en esas áreas, la Argentina a través del INVAP S.E. ha desarrollado el reactor australiano de agua liviana en pileta abierta (OPAL) hace aproximadamente 15 años, para la producción de radioisótopos, como reactor de investigación multipropósito, siendo la mayor exportación de tecnología llave en mano de la historia Argentina, el cual brinda el servicio de irradiación para materiales de silicio destinados a la industria microelectrónica. Actualmente, el Proyecto RA-10, de iguales características que el OPAL, se localiza en el Centro Atómico Ezeiza con diseño de la CNEA, comenzó su construcción, montaje y operación en 2016, con un aporte de más del 80% de empresas e instituciones nacionales en tecnología y servicios asociados, el cual estará en condiciones de llevar a cabo la tarea de “implantación de iones” en el marco de un proceso de industrialización de microprocesadores.

En conclusión, muy pocas naciones dominan el proceso productivo del microchip (EEUU, Taiwán, China, Corea, Japón, Alemania y Holanda), la Argentina tiene la tecnología y el poder industrial para impulsar la producción con una planta de microprocesadores estatal, la cual no supera los U$1000 M para su puesta en marcha, donde su objeto debe ser la independencia tecnológica. El conflicto por el control de este tipo de tecnologías a nivel global, nos presenta un escenario de concentración de la logística mundial y protección de bienes tecnológicos estratégicos, tal como vimos en 2020/2021, con el desabastecimiento de microprocesadores generados en los mercados internacionales con consecuencias importantes en la industria automotriz. El software libre requiere de un soporte fijo libre, hardware libre, donde la obsolescencia programada, la dependencia de diseño, la política de descarte sea superada por una ética del derecho al conocimiento y la información con fuertes bases de producción física, independencia tecnológica, fuente abierta y patente libre en la Patria Grande del Caribe y la América del Sur.